Notas

Los riesgos de poner trabas a la revocación del mandato: Mónica Fernández Balboa

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En diciembre de 2019, el Constituyente permanente aprobó una de las reformas más importantes que se hayan realizado en los últimos años, al ampliar los derechos de la ciudadanía, al mismo tiempo de fortalecer la democracia.

Se trata del empoderamiento popular frente al poder mediante la incorporación de la posibilidad de la revocación del mandato del Presidente de la República antes de que concluya su periodo constitucional. Para que se pueda ejercer ese derecho es indispensable contar con una Ley secundaria en la que se establezcan las reglas y procedimientos para llevar a cabo la consulta el próximo año.

La reforma constitucional estableció que dicho ordenamiento se emitiera en junio del año pasado, lo cual no sucedió y se ha llevado a un vacío legal. En ese sentido, la oposición extrañamente parece que se niega a que la ciudadanía pueda calificar la actuación de sus gobernantes como producto de una tradición autoritaria que les ha caracterizado cuando han estado al frente del poder ejecutivo.

Por nuestra parte, desde la campaña de 2018 propusimos reconocer la madurez de nuestra democracia y la importancia de que el pueblo pueda decidir si desea que el presidente de la República continúe ejerciendo el cargo. Como lo hemos señalado muchas veces, tenemos el compromiso de que se cumpla la máxima democrática de que el pueblo pone y el pueblo quita.

La oposición debe asumir que en democracia no se puede limitar el derecho a decidir, sino por el contrario que es indispensable abrir todos los canales y garantizar las facilidades para establecer y fortalecer todos los mecanismos de participación democrática y directa en los asuntos públicos. De otra forma, como lo han querido hacer, con el retraso de la Ley de Revocación de Mandato se corre el riesgo de reinstaurar un régimen autoritario que las y los mexicanos dejamos atrás en 2018 y lo acabamos de ratificar en las elecciones de 2021.

Sen. Mónica Fernández Balboa

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