La invisibilidad del feminicidio y la orfandad que dejan estos crímenes de odio en Tamaulipas

+Activistas buscan que el Congreso de Tamaulipas no diluya el feminicidio con la tipificación del homicidio doloso; legisladores del oficialismo tamaulipeco se niegan a transparentar las cifras de la violencia de género

por Marcos Rodríguez Leija / marcosleija@gmail.com

La omisión de los feminicidios y un vacío estadístico oficial en Tamaulipas invisibilizan estos crímenes de odio y la orfandad que dejan como secuela en esta región del noreste mexicano.
Son las activistas y las coordinadoras de colectivos y organizaciones no gubernamentales quienes registran estos delitos en plataformas a su alcance pero su ennumeración de víctimas no representa la dimensión del problema que evade la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en su portal de incidencia delictiva (https://www.tamaulipas.gob.mx/fiscalia/incidencia-delictiva-2020/)
Janeth, Evelia, Jenifer son nombres que el gobierno diluye. Para el Mapa Interactivo Nacional de la activista María Salguero (https://feminicidiosmx.crowdmap.com/main) son los tres feminicidios de 2020 cometidos en Nuevo Laredo y contabiliza (del 6 de febrero de 2016 a la actualidad) 18 en total en este municipio fronterizo colindante con Laredo, Texas (EEUU).
El mapa documenta 208 casos en la entidad durante ese cuadrienio: 1 en Hidalgo, 1 en Cruillas, 1 en Llera y otro en Soto Lamarina; 2 en San Fernando, 2 en Camargo, 2 en Río Bravo y 6 en Padilla; 21 en Matamoros, 28 en Ciudad Madero y 58 en Reynosa.
El dato es muy distante, incluso, con el reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a junio de 2020 ennumeró 473 feminicidios en el país, seis acontecidos en Tamaulipas donde las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años.


En una gráfica que aborda la incidencia en la República Mexicana sobresalen Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria pero sólo en la capital del estado se tipificaron tres (de los seis casos totales) como asesinatos sistemáticos en el balance nacional de enero a junio de 2020.
En ese mismo documento hay un dato que resulta equívoco en su tipificación para el activismo feminista: en el apartado correspondiente a homicidio doloso (asesinatos intencionales) Tamaulipas registra 29 en el primer semestre de 2020. Pero ¿de qué forma asesinaron a esas mujeres?
Sí, los homicidas fueron sus novios, sus esposos, sus ex parejas y personas desconocidas a su entorno familiar. Las muertes fueron violentas con las características que establece el artículo 325 del Código Penal Federal para el feminicidio.
Esta misma práctica (la falta de una estadística de acceso público y la minusvaloración de la violencia de género) también se dio en la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú (2011-2016) pero a solicitud de asociaciones civiles y periodistas como Valeria Durán Villanueva, obligados por el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (así denominada en ese entonces) informaron el siguiente resultado: de 2012 al primer semetres de 2016 442 mujeres fueron asesinadas en la entidad, hubo 50 mutiladas, 6 víctimas de violación y del total global sólo uno definieron como feminicidio.

Contra la impunidad y los procesos con tipificación errónea
El blog tamaulipeco “Retrofem” (coordinado por feministas autónomas, independientes y apartidistas que se manifiestan en contra de la opresión y la violencia hacia las mujeres y niñas) promovió una encuesta en su red social de Facebook el 6 de agosto de 2020.
“Chicas, esta es una encuesta para que en Tamaulipas no eliminen la tipificación de #Feminicidio”, cita el primer parrafo del mensaje y concluye: “Toma 2 minutos contribuir y recuerden poner que NO están de acuerdo con que el feminicidio sea identificado como Homicidio Doloso”.
El sondeo virtual es realizado por el Grupo Disciplinar de Derecho Penal, Seguridad Pública y Criminología de la Facultas de Derecho y Ciencias Sociales (FDySC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con sede en Ciudad Victoria.
Con ello desean saber cuál es la percepción de la ciudadanía en el delito de feminicidio y evitar la impunidad y la dificultad que enfrentan las autoridades investigadoras para acreditar un crimen de esa magnitud.
“La tipificación del feminicidio es importante porque reconoce y evidencia el delito específico de violencia de genero”, exponen y señalan que México encabeza la lista de países con más casos de esta índole (3 asesinatos diariamente). Detallan que de 3 mil crímenes en 2019 en el país sólo 726 fueron investigados como feminicidios y en la mayoría de estos no hay sentencias condenatorias por la dificultad de las autoridades investigadoras para acreditar las circunstacias que requieren estos delitos.
—¿Consideran ustedes que en Tamaulipas se invisibiliza el feminicidio?
—Sí, por su errónea clasificación y de hecho hay propuestas para eliminar la tipificación del feminicidio e identificarlo como Homicidio Doloso, lo cual invisibiliza totalmente la peor forma de violencia hacia nosotras —señala Yusselly Estrada, una de las activistas que administran Retrofem.
El mismo tema fue puesto sobre la mesa por los congresistas locales Rigoberto Ramos Ordoñez, Leticia Sánchez Guillermo y Carmenlilia Cantúrosas. El 22 de enero de 2020 le solicitaron al Fiscal General de Justicia en el Estado (Irving Barrios Mojica) un informe detallado y específico sobre los feminicidios y homicidios dolosos cometidos en Tamaulipas:
1.- ¿Cuántas carpetas de investigación por homicidio doloso se encuentran en trámite desde el 2017 y en cuántas de estas se aplica el protocolo por feminicidio?
2.- Del total de homicidios dolosos ¿cuántos han sido tipificados como feminicidio para fines estadísticos y remitidos al Sectetariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública?
3.- De 2017 a la fecha ¿cuántas carpetas de investigación y causas penales han sido resueltas?
La respuesta a los congresistas fue entregada el 5 de agosto (cinco meses después) durante la Sesión de Diputación Permanente, declarándola como una iniciativa “sin materia”, influyendo en esa negativa un voto del partido conservador Movimiento Ciudadano (MC) y 4 del ultraderechista Partido Acción Nacional (PAN). Los diputados locales que se negaron a transparentar la información fueron Gerardo Peña Flores (PAN), Gloria Ivett Bermea Vázquez (PAN), María del Pilar Gómez Leal (PAN), Francisco Javier Vargas de Coss (PAN) y Laura Patricia Pimentel Ramírez (MC).
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares publicada parcialmente el 21 de noviembre de 2019 por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) dejó un precedente de la gavedad del problema en 2017.
En sus carpetas de investigación de ese año la FGJE (no publicadas en su portal de incidencia delictiva) registró sólo cinco feminicidios y 141 mujeres “fallecidas por agresiones intencionales” en Tamaulipas.
El dato arrojado por la misma encuesta en 2018 (sin precisar el INEGI ni la FGJE el número global de víctimas) establece que 57.2 fueron asesinadas con arma de fuego y 30 de cada 100 mujeres estranguladas, ahogadas, quemadas, golpeadas y apuñaladas en una proporción superior de 18.3 por ciento en comparación de los hombres.

¿Qué pasa con los huérfanos que dejan como secuela los feminicidios?
La exigencia de los legisladores va más allá de visibilizar los feminicidios y un correcto proceso penal. También buscan visibilizar la orfandad que deja como secuela la violencia de género para brindarles atención a menores de edad cuyo número, destino y condición social se desconoce por omisión en la región y en el territorio nacional.
Rigoberto Ramos Ordoñez retomó la tribuna de la LXIV Legislatura el 23 de junio de 2020. En representación de su bancada (MORENA) planteó la necesidad de crear un Padrón de Menores en Estado de Orfandad por Feminicidios en Tamaulipas.
Si llegara a ser aprobada la propuesta, la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas estaría a cargo y tendría la facultad para diseñar y ejecutar su elaboración. El objetivo es garantizar a esos niños invisibilizados una beca que les permita estudiar en escuelas públicas hasta la mayoría de edad, la cual deberá ser otorgada por el estado. Además recibirían medicamentos gratuitos en primero, segundo y tercer nivel de atención en dependencias de salud tamaulipecas.
El 18 de enero de 2018, en Ciudad Victoria, Valeria fue estrangulada. La encontraron muerta en la casa de su ex esposo, de quien había huido un año antes porque la golpeaba constantemente. Ella tenía 20 años de edad. Era madre de familia. Fue llevada con engaños al lugar donde su ex suegra la encontró. No hubo una orden de aprehensión por su asesinato. Dejó en el desamparo a dos hijos: uno de 4 y otro de 2 años.
Aunque la Ley General de Víctimas los ampara al contemplarlos ya como víctimas indirectas no hay instancias ni programas estatales que los atraigan y atiendan integralmente. En algunos casos las abuelas y las tías adoptan el rol de madres sin una certeza jurídica.
Se estima que en la República Mexicana (entre noviembre de 2018 y abril de 2019) 3 mil 400 menores quedaron en la orfandad pero la cifra real es incierta. No hay estadística oficial. Ese fue tan sólo el resultado de un ejercicio matemático hecho por el Instituto Nacional de la Mujer (INM), basado en la multiplicación de los homicidios dolosos y feminicidios acontecidos (durante el mismo periodo) por la tasa de natalidad que marca el INEGI (2.21 hijos por mujer).
El resultado está lejos de la verdad, afirma la diputada local Carmenlilia Cantúrosas.
—En el caso de Tamaulipas no sabemos cuántos menores están en este supuesto, por lo que se requiere con urgencia de un registro estatal confiable —dice y explica que la legislación estatal contempla de manera general que las víctimas de los delitos deben recibir atención psicológica, educación y salud pero al no existir un registro de menores afectados por los feminicidios no hay una obligación expresa para su atención específica.
—En nuestro estado existe la Comisión Estatal de Víctimas, la cual, en teoría, brinda atención general a las víctimas de los delitos en el estado; sin embargo hasta hace unos meses los hijos de mujeres víctimas de feminicidio no eran considerados como víctimas indirectas, por lo que no estaban contemplados para recibir apoyos. Ahora que ya se les contempla en la Ley, es apremiante conocerlos —dice y espera que la iniciativa no sea congelada de manera sistemática por la oposición.
Estos niños, como los hijos de Valeria (de 4 y 2 años de edad), no sólo ven truncado su entorno familiar, también pierden su estabilidad emocional. Nadie les brinda la atención integral y especializada que requieren. La omisión y la falta de registro por parte del estado los mantiene en la invisibilidad, abandonados y sin reparación del daño.

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