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Arturo Núñez no pisará la cárcel

Víctor Ulín/ Sin Remitente/

En poco menos de siete meses para que finalice el año, los legisladores locales, con mayoría morenista, deberán votar la cuenta pública 2018 del ex gobernador y decidir si la reprueban o no.

El ÓrganoSuperior de Fiscalización (OSFE) que preside Alejandro Álvarez informó la semana pasada que había interpuesto varias denuncias penales por peculado y desvío de recursos, entre ellas contra un ex funcionario del gobierno estatal, correspondiente a la revisión de la cuenta pública del 2018, pero que no podía revelar los nombres de los inculpados por la secrecía de las investigaciones.

En los hechos, aunque fuese reprobada su cuenta pública, es difícil que el destino de Arturo Núñez sea la cárcel, no porque vaya a ser inocente, sino porque deberá probársele que hizo un manejo incorrecto del presupuesto.

La tarea de detectar y documentar el cúmulo de presuntas irregularidades es algo que le compete al OSFE para que los diputados, con el mayor número de evidencias, puedan reprobarle la cuenta y buscar fincarle alguna responsabilidada al ex gobernador como es el clamor generalizado de tabasqueños.

Por lo menos hasta hoy, el OSFE no cita ninguna acción contra el ex gobernador, sino contra alguno de sus colaboradores.

Con el ex titular de Finanzas y Planeación, Amet Ramos Troconis, fuera de todo proceso legal por razones conocidas, el OSFE tiene la responsabilidad de deslindar finamente las responsabilidades y procurar documentar una denuncia que pudiera implicar al que tomaba las decisiones más importantes en el ejercicio del poder público.

Una eventual exoneración -deliberada o no- del ex gobernador sería vista como un triunfo más de la corrupción e impunidad, y el descrédito sobre el OSFE y los diputados sería mucho mayor, y sus consecuencias llegarían a la elección del 2021 y 2024.

Ahora que si más de un ex funcionario pisara la cárcel como adelantó en declaraciones el titular del OSFE, quizá se amaine un poco la justa exigencia de que Arturo Núñez en lo particular pague por el desastre financiero y gubernamental en el que dejó al Estado.

Pero a decir verdad, luego de la liberación de los granieristas, los tabasqueños refrendaron su desconfianza en las instituciones y en la ley. Así que tampoco esperan gran cosa en el caso del propio ex gobernador Arturo Núñez y sus funcionarios, hoy en la mira del OSFE.

Lo extraordinario y novedoso en el asunto sería que sucediera todo lo contrario a lo que los tabasqueños esperan.

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Acaba el abuso histórico de CFE

Víctor Ulín/ Sin Remitente
La consumación del borrón y cuenta nueva, y la tarifa eléctrica más barata para Tabasco es un logro significativo que no se le puede regatear al gobernador Adán Augusto López Hernández, y un compromiso cumplido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio oficial del gobernador que habrá de formalizarse en los próximos días con la Comisión Federal de Electricidad, llega en un momento particularmente sensible: la constante inseguridad que sigue galopante y la falta de liquidez que afecta la economía familiar.

Para los más de 300 mil tabasqueños que por más de dos décadas padecieron el abuso y acoso de la CFE y la indiferencia de los gobiernos panistas y priistas, la cancelación de la deuda y el pago a partir del mes de junio de un consumo de energía más barato es un bálsamo que de alguna manera atempera otras necesidades y problemas sociales no menos importantes.

Para el gobierno federal, estatal y por supuesto para Morena, es un acierto que tiene sus efectos positivos y políticos en lo inmediato pero que será más evidente en las elecciones intermedias.

Es imposible no asociar el logro con los beneficios político electorales que tendrá de manera natural para Morena en el 2021 y será un reto para sus dirigentes mantener vigente el tema que desde ayer inunda las redes y los titulares de los medios de comunicación.

En lo inmediato, el PRI, el PRD y el PAN se quedaron sin el tema en su agenda y tendrán que buscar otro para criticar a sus adversarios en el poder.

Con el borrón y cuenta nueva, y la nueva tarifa eléctrica, Morena retoma una posición privilegiada e el imaginario colectivo que le venía restando simpatía porque el cumplimiento de la promesa se prolongaba.

De los grandes pendientes, el Presidente y el gobernador dan por finalizado uno de los más importantes y cuya trascendencia social, económica y electoral está todavía por verse, bajo el optimismo de los efectos favorables que la medida debe tener en los tabasqueños y su gobierno.

CFE y Hacienda, dique a borrón y tarifa justa

Víctor Ulín/ Sin Remitente/

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y de Hacienda, Carlos Urzúa, no mueven un dedo para concretar la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para gestionar el borrón y cuenta nueva y una tarifa justa de energía eléctrica, según se desprende de las últimas declaraciones del gobernador Adán Augusto López Hernández.
La resistencia del titular de la CFE y de Hacienda ha propiciado una inconformidad generalizada de los tabasqueños que no se explican el por qué no le hacen caso al presidente y que tampoco atiendan la demanda del gobernador.
En declaraciones desafortunadas, el dirigente de Morena, César Burelo, tampoco ayudó mucho para dar una explicación convincente que disminuyera el enojo de la población que espera desde los primeros días de enero que la promesa del borrón y la tarifa justa sean ya una realidad en sus bolsillos.
Decir que no importa cuando se concrete la histórica petición, porque la CFE no está cortando el servicio, no fue la mejor declaración razonada del dirigente.
En todo caso, debió sumarse a la batalla que mantiene el gobernador Adán Augusto López para que el titular de la CFE y Hacienda atiendan ya la orden presidencial.
A nadie en su sano juicio le pasa por la cabeza que sea el presidente el que haya dado la instrucción al secretario de Hacienda y Director de la CFE que le den largas a la petición de los tabasqueños, y, en su defecto, se consolida la versión que no están atendiendo la orden presidencial de actuar.
Lo único que queda, es que el propio gobernador convoque a los miles de deudores y ciudadanos en general a realizar una protesta pública con resonancia nacional que exhiba la indiferencia de los titulares de CFE y de Hacienda que empoderados, se atreven a desafiar a quien les dio la oportunidad de formar parte de la 4T.
Los tabasqueños no pueden seguir siendo maltratos como ocurrió en los gobiernos panistas y priistas, estando un presidente paisano en el poder. Porque no es posible que ya los sonorenses y bajacalifornianos se hayan beneficiado de una tarifa eléctrica más barata. Eso es algo que a los tabasqueños los tiene muy enojados – y decepcionados- y con justa razón.

Los cambios que vienen

Víctor Ulín/Sin Remitente/ Foto: Revista Grilla/

A más tardar, por ley, el 31 de mayo es la fecha fatal para que los delegados del viejo régimen sean sustituidos por los llamados coordinadores de las dependencias federales que están a la espera para rendir protesta y formar parte de la Cuarta Transformación.
Carlos Manuel Merino, el súper delegado federal, ya confirmó que los cambios serán inaplazables y, con ello, se despejará la incógnita de los hombres y mujeres que tomarán posesión de los nuevos cargos.

Por lo pronto, Aquiles Domínguez Cerino ya se alista para ocupar la silla que quería seguir usando el priista Félix Heladio Sarracino que tendrá que esperar una mejor oportunidad para estar dentro del erario.

Fuera de Aquiles Domínguez, no se conoce el nombre de nadie más de los que vayan a coordinar las ex delegacionales que desaparecerán oficialmente como tales el 31 de mayo.
No será sorpresa ver a personajes en las coordinaciones federales que no fueron considerados para el gabinete legal y ampliado del gobierno de Adán Augusto López Hernández, y que ahora serán integrados a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El súper delegado Carlos Manuel Merino ha guardado celosamente el nombre de los nuevos funcionarios federales que tuvieron que esperar cuatro meses para ser considerados después de que no fueron llamados a ser parte del gobierno estatal.
Lo que sí es seguro, es que más de uno de los que serán incorporados al gobierno federal son ex priistas y granieristas que vienen por su redención y a volver a ex perimentar la sensación de ejercer el poder público aunque sea en austeridad o pobreza franciscana. Pero sin duda, nada comparado a estar dentro del presupuesto público.
Ya los que no aparezcan como coordinadores y hayan sido incluso claves en el triunfo electoral del primero de julio, tendrán que esperar mejor momento para ser p incorporados al gobierno estatal o, en su defecto, al federal, y ser parte de la 4T.

El “moche” sigue

Víctor Ulín/ Sin Remitente/ Foto: Xevt/

Si un alcalde pide el diezmo o una parte del dinero para otorgar obras a constructores, es un corrupto, se consume o no el acto cuestionado.

Y cuando se pensaba que por fin terminaría la época del “moche”, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( CMIC), delegación Tabasco, Sergio Coll Montalvo, nos recordó que seguimos viviendo en el país donde la corrupción y la impunidad siguen siendo pan nuestro de cada día.

La denuncia pública del líder constructor tabasqueño en contra de cuatro alcaldes, de 17, de los que omitió nombres y militancia partidista, pero que amagó con documentarse para ofrecer una conferencia de prensa y exhibirlos, no debería sorprendernos.

Desde Octubre del 2018 que tomaron posesión, la mayoría de los alcaldes se desentendieron del llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Adán Augusto López Hernández para desterrar las viejas prácticas corruptas que institucionalizaron los priistas y perredistas y la necesidad de marcar diferencia para que los ciudadanos se convencieran de que había valido la pena votar por Morena.
Contados son los alcaldes de Morena que se han comprometido al cien por ciento con la Cuarta Transformación y han hecho del combate a la corrupción e impunidad su premisa.

Las alcaldesas de Cunduacán y Teapa, por ejemplo, Nidia Naranjo Cobián y Tey Mollinedo, son dos ejemplos claros de que sus escándalos han sido más sonados que el trabajo al frente de sus gobiernos.

Así que la denuncia del dirigente de la CMIC viene a confirmar que los alcaldes, cuatro hasta ahora, siguen con las viejas prácticas de corrupción en el otorgamiento de obras, como si nada hubiese pasado el 1 de julio del año pasado.

La denuncia, como ya le pidieron el secretario de gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, y la líderesa del Congreso, Betty Milland, debe traducirse necesariamente en una acusación formal del dirigente constructor ante las autoridades so pena de quedar muy mal parado por hablar, como muchos, y actuar como pocos.

Es tiempo de ponerles nombres y partido a los alcaldes que siguen manchando la Cuarta Transformación y que merecen ser llamados a cuentas y sancionados ejemplarmente. De lo contrario, no habrá que esperar que las cosas cambien. Solo la misma simulación.

Ambulantes, ¿ahora sí se van?

Víctor Ulín/ Sin Remitente/


Parece que esta vez finalmente los comerciantes ambulantes que durante décadas invadieron los alrededores del mercado José María Pino Suárez, ahora levantado de las cenizas, serán reubicados todos en un estacionamiento provisional de Casa Blanca por el Ayuntamiento de Centro.

Los trabajos de drenaje pluvial y de aguas negras que a partir del primero de mayo deben iniciarse en las calles aledañas al nuevo mercado antes del inicio de operaciones, fue la causa que propició el desplazamiento de los ambulantes que históricamente han opuesto resistencia a ser tocados.

La reubicación, con su confrontación, se va dando gradualmente pese a que hay fuertes intereses de grupos que controlan el comercio informal en la zona.

Para impedir que regresen de nuevo terminados los trabajos, el gobierno de Evaristo Hernández Cruz habilitó el estacionamiento de la zona en Casa Blanca para darles la oportunidad de seguir con sus actividades y posteriormente les dará un espacio en el mercado provicional cuando los ahora ocupantes se vayan al imponente José María Pino Suárez.

Por rápida, y porque no es la primera vez que se intenta acabar con el ambulantaje en las inmediaciones del mercado Pino Suárez, la solución parece demasiada sencilla para ser duradera.

El momento de prueba más importante para el gobierno del alcalde será que ya en marcha el nuevo mercado José María Pino Suárez, los comerciantes ambulantes reubicados en Casa Blanca ya no regresen y vuelvan a causar un caos en la vialidad vehicular y peatonal porque ocupaban todas las banquetas aledañas.

Si logra mantenerlos a raya en Casa Blanca y resistir las embestidas de sus líderes que no están muy conformes y que harán hasta lo imposible para volver a sus viejos espacios, hay que admitirlo, el alcalde pasará a la historia como el que limpió el mercado Pino Suárez de ambulantes.

Y, al mismo tiempo, ayudará a darle su esplendor al nuevo inmueble que ya está listo para convertirse en un referente moderno de la arquitectura de Tabasco.

Ivonne y Narro, expedientes abiertos

Testigo fiel/

Por: Jesús Torres

Ivonne y Narro, expedientes abiertos

Si lo que quiere el PRI es renovarse, con todo lo que ya le ha pasado tras las elecciones de julio de 2018, entonces debe irse sacudiendo de personajes acusados de corrupción como la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, quienes han alzado la mano para dirigir los rumbos de este instituto político en los próximos cuatro años.

Ambos tienen mucho que explicar a los mexicanos sobre el papel que desempeñaron como funcionarios públicos, la primera al frente de la administración estatal en el 2007-2012, involucrada en irregularidades por la construcción del hospital regional de Ticul, uno de los actos más escandalosos de su gobierno.

La ex mandataria priista, quien en 2018 buscó ser candidata presidencial, por lo que se ve, tiene mucha cola que le pisen, pues sus paisanos no dejan de señalar con dedo índice las cuentas que tiene pendientes con los yucatecos.

Y no es para menos, sólo en el caso del proyecto hospitalario que autorizó a finales de 2012, antes de dejar la gubernatura, no sólo quedó como obra inconclusa sino que además fue sancionada por la Corte Internacional de Arbitraje que le costó al gobierno 723 millones de pesos por haber rescindido el contrato a la empresa Península, S. A. P. I. de C. V., de Grupo Marhnos

Una herencia que le dejó a su sucesor, Rolando Zapata Bello quien extrañamente no realizó ninguna investigación contra la hoy aspirante del tricolor. El expediente quedó ahí, abierto.

Ah, pero la priista camina con la bandera de la honradez, pide castigo contra gobernantes corruptos y exige procesos democráticos al interior de su partido. De ese tamaño su doble moral.

Por lo que hace al ex rector de la UNAM, José Narro el descrédito en el que ha caído luego de su paso por la Secretaría de Salud, durante el mandato del ex presidente, Enrique Peña Nieto lo colocó como uno de los peores ex funcionarios que traficaron con la salud de los mexicanos.

A principios del mes pasado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador acuso a Narro Robles, de haber sido omiso en la corrupción de compra de medicamentos, la cual ascendió a cuatro mil millones de dólares por año.

Pero además, durante su gestión, según trascendió, se benefició a empresas farmacéuticas supuestamente ligadas a destacados priistas que acapararon el 80 por ciento de las compras. Otro expediente que quedó abierto.

¿Y así quiere el PRI renovarse con estas fichitas?