En defensa de reforma eléctrica y del interés general, ‘ni un paso atrás’: Manuel Rodríguez

Redacción/

  • Se pronuncia el presidente de Comisión de Energía en San Lázaro contra régimen de complicidades y privilegios que la mal llamada Reforma Energética del PRIAN instituyó a favor de unas cuantas empresas; jueces violentaron principio que rige derecho de amparo, advierte
  • Sentencia que poderes Ejecutivo y Legislativo harán valer su derecho de demostrar “que lo que estamos defendiendo es que no puede haber nada por encima de la seguridad nacional y la seguridad energética, que es parte de las prioridades del Estado Mexicano”

CDMX. En la defensa jurídica de la reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo privilegian el interés de los mexicanos, no el régimen de complicidades ni de privilegios que la mal llamada Reforma Energética del PRIAN instituyó a favor de unos cuantos, advirtió el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro.

El legislador federal de Morena sentenció que los amparos concedidos por un par de jueces que se extralimitaron al dictar una suspensión general de los efectos y consecuencias derivadas de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica no sólo atentan contra la garantía de un sistema de electricidad confiable y seguro, sino también ponen en riesgo la seguridad nacional y la soberanía energética de México.

“Lo que está en juego es que podamos tener un sistema eléctrico no solo de calidad y confiable, sino también con precios justos para todos los usuarios”, aseveró, y previó que al final de la batalla legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevalecerá el interés general de los ciudadanos. 

Manuel Rodríguez precisó que ese es el sentido de las impugnaciones interpuestas por el Poder Legislativo contra la decisión de los jueces; “revisar su actuación” porque se excedieron al violentar un principio fundamental que rige el derecho de amparo, que consiste en otorgarle este beneficio sólo a la parte que lo promueve, no a todas las figuras morales que tengan una situación similar, remarcó.

Anticipó que una vez que se abra la etapa para aportar argumentos y toda la defensa jurídica de la reforma eléctrica, los poderes Ejecutivo y Legislativo harán valer su derecho de demostrar “que lo que estamos defendiendo aquí es que no puede haber nada por encima de la seguridad nacional y la seguridad energética, que es parte de las prioridades del Estado Mexicano”.

El diputado por Tabasco alertó que ni la libre competencia ni la libre concurrencia pueden estar por encima de la seguridad nacional, aunque reviró que los privados recurren a estos argumentos de manera equivocada, porque en el caso de la reforma eléctrica “no se violentan esos principios”.

Por el contrario, aseguró, lo que se busca es precisamente garantizar igualdad de circunstancias para todos los actores de la industria, incluida la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Denunció que en dado caso de que existieran ventajas o algún monopolio, sería en contra de la empresa productiva de todos los mexicanos y a favor de los privados.

No a régimen especial para unos cuantos

“No vamos a permitir que unos cuantos se sigan enriqueciendo a costa de la riqueza energética de México; queremos condiciones parejas para todos”, anticipó.

Al ofrecer ‘luces’ sobre el trasfondo de la batalla legal contra los cambios normativos impulsados por el presidente López Obrador y aprobados por el Congreso de la Unión, Rodríguez González refirió cómo la llegada de los recibos de luz representa ‘un verdadero dolor de cabeza’ para los usuarios domésticos, comerciales e industriales de todo el país, porque las tarifas son muy altas.  

Criticó que esa situación es derivada de la serie de privilegios que la mal llamada Reforma Energética permitió a un grupo de empresas que gozaban de un régimen especial, “con tarifas muchísimo más bajas e incluso hasta con subsidios ocultos”.

El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados federal consideró injusto que mientras el propietario de una tienda de abarrotes o una carnicería pagan hasta 5 pesos por un kilowatt/hora, las tiendas de conveniencia de la cadena OXXO pagan 1.10 pesos por kilowatt/hora, pero están abiertas las 24 horas del día. “Ese tipo de privilegios son los que ya no podemos permitir”, alegó.

Expuso que, a diferencia de los pequeños comercios, las grandes empresas beneficiadas con los subsidios cuentan con abogados y poder económico para promover amparos, lo que, visualizó, ha generado una percepción negativa en torno al verdadero fondo de la reforma eléctrica.

Sin embargo, “todo es parte de la normalidad y de la legalidad que existe en nuestro país, donde cualquiera que sienta afectados sus derechos, puede recurrir a la instancia judicial para defenderlos, aunque ello no significa que necesariamente tiene la razón”, atajó. 

Puntualizó que los amparos sólo retardarán un poco la transformación que ya inició en la industria eléctrica, y que en este caso pretende revertir el proceso que legalizó la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la cual lejos de bajar los precios de la luz, como lo prometieron, provocó una escalada constante e indiscriminada en el precio de las tarifas.

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