Las pensiones millonarias que llevaron a la quiebra al ISSET

Las pensiones millonarias que llevaron a la quiebra al ISSET
+ A continuación, solo una muestra de cómo se orquestó el saqueo del ISSET por quienes debieron cuidarlo para que hoy no tuviese los problemas financieros, hospitalarios y de medicamentos que el gobierno actual lucha por resolver apelando al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador
Especial/ Sin Remitente
La crisis financiera que padece el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) tiene una explicación de fondo: ex funcionarios granieristas que fueron beneficiados con pensiones millonarias, en la mayoría otorgadas de manera ilegal y aprovechándose de la posición que ocuparon durante el sexenio.

Y hay más: casi todas las pensiones millonarias fueron otorgadas durante la gestión en el ISSET, de la otrora poderosa priísta Hilda Santos Padrón.
A continuación, solo una muestra de cómo se orquestó el saqueo del ISSET por quienes debieron cuidarlo para que hoy no tuviese los problemas financieros, hospitalarios y de medicamentos que el gobierno actual lucha por resolver apelando al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador:

Screenshot_20190519-193241
A) La profesora Ana Aurora Pérez-Priego Cobián, subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas del ISSET en el período de Hilda Santos Padrón, fue jubilada con ese mismo cargo con una pensión ofensiva de 49 mil 287 pesos con 60 centavos.

B) Jorge del Campo Melo, primo del ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo, subdirector de Administración del ISSET también con Hilda Santos Padrón, fue jubilado con ese cargo con una pensión superior a los 31 mil 544 pesos con seis centavos.

C) Cristina Violeta Muñoz Giorgana, de ser secretaria de la directora de Administración, Lilian Gómez García, en el período de Hilda Santos Padrón, antes de concluir el sexenio de Andrés Granier, le autorizaron a la categoría de Profesional Especializado C, lo que implicó incremento de salario y fue pensionada por vejez con 24 mil 397 pesos con 53 centavos.

D) Inés Teresa Abreu Montaño, jefa del Departamento de Asistencia, Cultura y Recreación de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del ISSET, fue jubilada con 25 mil pesos, con solo 6 años de trabajo en esta mis posesión, a pesar de que tenía 19 años laborando en otra dependencia, y luego subió a casi 29 mil pesos por los cambios en la ley que la favorecieron y que no debió ocurrir.

Ella debió jubilarse con el salario base como lo establece el artículo 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ya abrogada, y no como ocurrió, porque las condiciones generales de trabajo no le eran aplicables, ya que a partir del Contrato General de Trabajo 2013-2015, el personal de confianza quedó excluido de ese beneficio.

E) Ezequiel Isidro Cruz, jefe del Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del ISSET, obtuvo una pensión superior a los 25 mil pesos. Pero se cometió el mismo error tras aplicar la Ley del ISSET abrogada.

F) Patricia Baeza Pérez, jefa del Departamento de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas del ISSET, fue jubilada con sólo 4 años en el cargo y pensionada con 17 mil 859 con 81 centavos, a pesar de que pasó 21 años en otra dependencia, percibiendo menos, con lo que también fue violado el artículo 53 de la Ley del ISSET abrogada.

G) María Victoria Morales Gómez fue al extremo: aprovechó que su esposo, José Antonio Obispo Pedrero era el director jurídico en el ISSET en la gestión de Hilda Santos Padrón, y pagó años de aportación para recibir una pensión de 48 mil 691 pesos con 93 centavos.

H) Vidalia Castillo Javier, ex secretaria general del Sindicato Único Independiente de los Trabajadores al servicio del SUITISSET, la beneficiaron indebidamente con una plaza: no contaba con los documentos para ocuparla, pero fue jubilada con 11 mil 890 pesos con 87 centavos.

I) Virginia del Rosario Acosta Solórzano, secretaria también en ese entonces de la directora de Administración, Lilian Gómez García, en el período de Hilda Santos Padrón , antes de concluir el sexenio de Andrés Granier Melo, se le dio la categoría de Profesional Especializado C indebidamente para aumentar su salario y jubiló con 29 mil 324 pesos con 73 centavos.

Anuncios

Arturo Núñez no pisará la cárcel

Víctor Ulín/ Sin Remitente/

En poco menos de siete meses para que finalice el año, los legisladores locales, con mayoría morenista, deberán votar la cuenta pública 2018 del ex gobernador y decidir si la reprueban o no.

El ÓrganoSuperior de Fiscalización (OSFE) que preside Alejandro Álvarez informó la semana pasada que había interpuesto varias denuncias penales por peculado y desvío de recursos, entre ellas contra un ex funcionario del gobierno estatal, correspondiente a la revisión de la cuenta pública del 2018, pero que no podía revelar los nombres de los inculpados por la secrecía de las investigaciones.

En los hechos, aunque fuese reprobada su cuenta pública, es difícil que el destino de Arturo Núñez sea la cárcel, no porque vaya a ser inocente, sino porque deberá probársele que hizo un manejo incorrecto del presupuesto.

La tarea de detectar y documentar el cúmulo de presuntas irregularidades es algo que le compete al OSFE para que los diputados, con el mayor número de evidencias, puedan reprobarle la cuenta y buscar fincarle alguna responsabilidada al ex gobernador como es el clamor generalizado de tabasqueños.

Por lo menos hasta hoy, el OSFE no cita ninguna acción contra el ex gobernador, sino contra alguno de sus colaboradores.

Con el ex titular de Finanzas y Planeación, Amet Ramos Troconis, fuera de todo proceso legal por razones conocidas, el OSFE tiene la responsabilidad de deslindar finamente las responsabilidades y procurar documentar una denuncia que pudiera implicar al que tomaba las decisiones más importantes en el ejercicio del poder público.

Una eventual exoneración -deliberada o no- del ex gobernador sería vista como un triunfo más de la corrupción e impunidad, y el descrédito sobre el OSFE y los diputados sería mucho mayor, y sus consecuencias llegarían a la elección del 2021 y 2024.

Ahora que si más de un ex funcionario pisara la cárcel como adelantó en declaraciones el titular del OSFE, quizá se amaine un poco la justa exigencia de que Arturo Núñez en lo particular pague por el desastre financiero y gubernamental en el que dejó al Estado.

Pero a decir verdad, luego de la liberación de los granieristas, los tabasqueños refrendaron su desconfianza en las instituciones y en la ley. Así que tampoco esperan gran cosa en el caso del propio ex gobernador Arturo Núñez y sus funcionarios, hoy en la mira del OSFE.

Lo extraordinario y novedoso en el asunto sería que sucediera todo lo contrario a lo que los tabasqueños esperan.